María Adela Antokoletz, escribe esta reseña del viaje y participación en los actos en el departamento Ledesma, Jujuy, zona de cañaverales, sufrimiento y tenaz resistencia.
El golpe de Estado genocida que se instauró en 1976, comenzó a gestarse desde el gobierno constitucional de Isabel Perón, con grupos paramiltares que perseguían y asesinaban compañeros con el aval del Estado.
Hoy a 33 años de aquel día que dio paso a una larga noche, seguimos luchando por Justicia. Seguimos reclamando que se aceleren los Juicios contra los genocidas. Porque la impunidad sólo genera más impunidad. Y se tiene que acabar. Porque si no, no podemos construir el proyecto de país por el que lucharon los 30.000.
La modalidad que eligieron para cercenar el país fue el Terrorismo de Estado.
Fue a través del miedo, la persecución, la tortura y la desaparición forzada de 30.000 compañeros; que intentaron imponer el “no te metás”; persiguiendo y aniquilando la lucha política en todos los ámbitos.
A través de las instalación de más de 500 centros clandestinos de detención y tortura en todo el país, la sustracción y apropiación de bebes, el robo vergonzoso de todos los bienes, el exilio y el intento de aniquilación de las organizaciones populares, obreras, estudiantiles, sindicales, religiosas, campesinas y artísticas; destruyeron las redes sobre las cuales se fundamentaba nuestra sociedad.
Las caras visibles de la dictadura fueron las Fuerzas Armadas y de Seguridad y algunos ideólogos del modelo económico como Alemann, Cavallo y Martínez de Hoz. Fueron Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, José Martínez de Hoz, Guillermo Suárez Mason, Ramón Camps, Luis Abelardo Patti, algunos entre tantos de la larga lista de genocidas… Pero no estuvieron solos en su objetivo de destruir el proyecto de país que se gestaba desde el campo popular. Tuvieron la bendición de la cúpula de la iglesia; la alianza de las patronales; la manipulación de los medios cómplices, los mismos que hoy intentan evitar una nueva Ley de Radiodifusión de la democracia que amenaza sus monopolios y sus ganancias; el entrenamiento político-militar de la Escuela de las Américas; el apoyo de los partidos tradicionales; la complicidad de la familia judicial y el dinero de los Blaquier, Mercedes Benz, Ford, Techint, Bounge y Born, Fortabat, la Sociedad Rural, Macri, Acindar, Banco Boston, Clarín, Banco Río, City Bank, Deustche Bank y tantos otros…
Llevaron a cabo un plan represivo que, mediante el asesinato, la desaparición, la tortura, el secuestro de niños, la prisión, y el exilio fuera y dentro de nuestras fronteras intento eliminar toda forma de organización política, para imponer su plan económico social.
Porque la lucha, combatividad y organización del pueblo eran un obstáculo para la aplicación del modelo económico neoliberal cuyas consecuencias sufrimos hasta hoy.
Tenemos que seguir luchando por la verdad y la justicia para ganarle a la impunidad.
Pero hoy, 6 años después de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final contra las que tanto resistimos, gracias a la lucha, ya no son más una piedra en el camino. Y los juicios por los que luchamos durante 30 años, comienzan a ser una realidad.
Una realidad que golpea fuerte, porque los juicios avanzan con una lentitud que continúa consagrando la Impunidad. Porque sostenemos que se debe juzgar a todos los genocidas por todos lo compañeros, pero hasta hoy sólo hubo 44 condenas y 526 genocidas esperan eternamente el juicio oral, mientras ya murieron 192 represores y están prófugos 47. 100 fueron absueltos o sobreseídos y solamente hay 280 denunciados.
Esta impunidad, sostenida por la máquina del terror que no quieren dejar caer, permite que Julio López esté desaparecido por testificar en el juicio contra el genocida Etchecolatz. A 2 años y medio de su desaparición forzada seguimos denunciando su ausencia, sin respuestas, sin justicia.
Tampoco hay respuestas ni soluciones a las amenazas que están sufriendo los testigos, ex detenidos, periodistas, fiscales, jueces, abogados, militantes de DDHH y todos aquellos que están trabajando para que los genocidas cumplan la condena que les corresponde.
Este pasado que algunos quieren y piden dejar atrás, nos golpea día a día. Porque es esta impunidad la que hace posible, desde 1984 hasta hoy, cientos de asesinados y desaparecidos, víctimas del gatillo fácil, que se siga torturando en cárceles y comisarías, y la existencia de patotas parapoliciales.
Una impunidad que admite en el seno de órganos del Estado - como las FFAA, de seguridad e inteligencia entre otros - y en empresas de seguridad privada, a personas involucradas en el terrorismo de Estado.
Una impunidad que ha durado más de 30 años y que debe terminar ¡YA!
Numerosos juicios se han reabierto desde que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueran declaradas inconstitucionales en el 2001, que el Congreso Nacional las anulara por ley en el 2003 y que la Corte Suprema ratificara este camino en el 2005. Pero ¿cuántos decenios serán necesarios para condenar a todos los genocidas por todos los compañeros? Ya llevamos demasiados años exigiendo Justicia, esperando los canales democráticos, que les ofrecen a los genocidas un juicio legítimo con posibilidad defensa. Todo lo cual se lo negaron a los 30.000 compañeros detenidos - desaparecidos.
Todos los poderes del Estado tienen la responsabilidad de acelerar los procesos que se llevan contra los autores de crímenes de lesa humanidad y terminar con las consecuencias de los indultos.
El Ejecutivo, debe asegurarse de que todas y cada una de las fiscalías del país cuente con presupuesto e infraestructura.
El Legislativo, debe hacerse cargo de que no podemos permitir que más genocidas ocupen lugares en dependencias estatales, votando la Ley de Inhabilitación para acceder a cargos públicos a implicados en delitos de lesa humanidad.
El Judicial, tiene que dejar de mirar para otro lado sosteniendo su complicidad durante más de 30 años con el Golpe de Estado. La Corte Suprema de Justicia debe velar por el avance y debido proceso de todas las causas por delitos de lesa humanidad. El Consejo de la Magistratura debe con celeridad designar a los jueces que entienden en aquellas causas y debe controlar el desempeño de los mismos. La Procuración General debe diseñar una estrategia para todo el país, seguir impartiendo órdenes claras a los fiscales y hacer que se cumplan. La Cámara de Casación no puede tendenciosamente liberar a los genocidas antes de tiempo, mientras dejan que la mayoría de los presos en la Argentina esperen por años sus correspondientes juicios. Debe dejar de dilatar las causas con planteos infundados.
Los tres poderes deben involucrarse e investigar y castigar, con urgencia, a los culpables de lo sucedido con Julio López. Es imperioso que exista una política global de protección para todas las personas vinculadas a los procesos judiciales.
Queremos que se juzguen a todos los genocidas por todos los compañeros y que los juicios reflejen la lógica de los circuitos clandestinos. Que sean visibles los alcances de la represión, que se tenga por probado el plan sistemático y evitar que los testigos tengan que desfilar infinitamente por los tribunales.
Exigimos la apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas para saber toda la verdad. Sino la impunidad permanece, los genocidas mantienen sus pactos de silencio.
Exigimos la libre televisación y difusión de todos los juicios. Porque ningún Tribunal tiene derecho a negarle a la sociedad que conozca las caras de quienes perpetraron aquellos crímenes. A los genocidas los juzga un tribunal, pero los condenamos todos.
Es necesario que todos y cada uno de los culpables cumpla la pena que se merece. Cárcel común, perpetua y efectiva.
Aniquilaron a toda una generación, desaparecieron a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, hermanos, novias, esposos, vecinos y compañeros para impedir la lucha por los derechos del pueblo.
La bandera que hoy llevamos con los rostros de nuestros desaparecidos, es nuestra bandera de lucha.
Y en el compromiso está el de no claudicar en nuestras exigencias al estado de:
Los compañeros y compañeras que fueron asesinados, torturados, condenados al exilio dentro y fuera de nuestras fronteras, encarcelados durante años y detenidos desaparecidos, eran militantes políticos que luchaban contra todas las formas de injusticia con las que a diario nos golpea el capitalismo. Si ellos vivieran el país sería otro. Si se hubieran encarcelado en tiempo y forma a los culpables de los crímenes de lesa humanidad Julio estaría con nosotros.
Por eso, por ellos, por nosotros, por los que aun son niños, por los que vendrán nos toca recoger sus banderas. Nos toca construir para nosotros y para nuestros hijos el mundo con que ellos soñaron. Nos toca terminar de una vez por todas con la impunidad. Para levantar nuevamente una Argentina libre y soberana, con Justicia e Igualdad Social.
